La desescalada alavesa de Treviño, ¿primer paso para su anexión al País Vasco?

La desescalada alavesa de Treviño, ¿primer paso para su anexión al País Vasco?

Burgos teme que el pacto de Sánchez con el PNV, para que el enclave vaya de la mano de Álava en la vuelta a la normalidad, sea la "punta de lanza" para culminar el anhelado objetivo

AUTOR

JOSE MARI ALONSO. VITORIA

La cuestión de los límites de Treviño no se acota ahora a las fronteras físicas de este enclave burgalés ubicado en Álava. La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de aceptar la exigencia del PNV de que esta zona se amolde al plan de desescalada de Álava para garantizarse el apoyo de los nacionalistas a la cuarta prórroga del estado de alarma ha añadido la problemática de un nuevo límite: el del alcance en el tiempo de esta decisión, que encierra evidentes connotaciones políticas. Esto es, ¿la frontera temporal está en el fin de la emergencia sanitaria o se proyecta más allá del radio de acción del coronavirus?

En la Diputación de Burgos, existe el "fundado temor" de que se pueda tratar del primer paso de un proceso encaminado a culminar la anexión de Treviño al País Vasco. A efectos prácticos, el fondo de la medida se comprende en su esencia —aunque hay algunas voces políticas e institucionales que lo discuten—: que la desescalada de este enclave pueda acompasarse a la hoja de ruta alavesa por "cuestiones prácticas", por el criterio de acometer este proceso por áreas geográficas y básicas de salud, y porque muchos servicios para esta zona son prestados por la Administración vasca en virtud de diferentes convenios entre las diputaciones de Burgos y Álava, y que alcanzan a la sanidad o los servicios sociales.

El fondo de la medida se comprende en su esencia por "cuestiones prácticas", ya que muchos servicios en Treviño los presta la Administración vasca...

Pero sí se ponen en entredicho, en primer lugar, las formas, con “una deslealtad institucional de primer orden”, por adoptarse la decisión sin contar con el criterio de la Junta de Castilla y León y la Diputación de Burgos, y, lo que es más importante, el “contenido oculto” del acuerdo del Gobierno español con el PNV, cuyo fin último es lograr la anhelada anexión de Treviño a Álava. “Es evidente que hay algo más”, asevera Borja Suárez, vicepresidente segundo de la Diputación de Burgos y portavoz del PP en la institución provincial.

Suárez admite que es de “pura lógica” que la asistencia a los habitantes de este enclave se pueda seguir dando en Vitoria, a unos 15 kilómetros de distancia, frente a los 100 km de la capital burgalesa, cuando el estado de alarma prohíbe los movimientos entre provincias y la previsión, en el mejor de los casos, es que estos traslados se puedan dar a finales de junio, según el plan de desescalada diseñado por el Gobierno. En esta zona, según argumenta, unos 2.500 de sus 4.000 habitantes están empadronados en la capital alavesa, de modo que ahora —asume— se encuentran en una complicada situación. “Es ilógico aislarlos. Es una cuestión práctica. No tiene sentido no hacer la desescalada con base en criterios geográficos, de áreas básicas de salud”, señala con firmeza.

... pero se denuncia el "contenido oculto" del pacto de Sánchez con el PNV: "Esperemos que no sea la punta de lanza para colar la segregación de Treviño"

Pero esta misma contundencia la esgrime para poner de manifiesto su honda preocupación por el hecho de que se haya podido abrir 'de facto' la puerta al “intento definitivo de segregación de Treviño de Burgos, saltándose a la torera el Estatuto de Autonomía de Castilla y León”, que se modificó en su día para poner freno a cualquier pretensión de desanexión. Y más sabiendo la absoluta dependencia de Sánchez hacia el PNV, no solo para mantener activo el estado de alarma sino para la propia continuidad de su Gobierno.

De hecho, dentro del nacionalismo vasco se ha instalado la euforia y ya hay voces que piden ir más allá de esta ‘anexión’ temporal a Álava una vez finalice la emergencia sanitaria provocada por la pandemia. Entre ellas, el propio Ayuntamiento del Condado de Treviño, en manos del PNV tras la última e histórica cita con las urnas, que aupó a EH Bildu al poder en el otro municipio del enclave, La Puebla de Arganzón, en donde se apuesta por reactivar los procedimientos para lograr su anexión a Euskadi de la mano de las instituciones vascas una vez esté desactivado el estado de alarma. "En circunstancias como esta, es más evidente el sinsentido de que nuestros ayuntamientos no pertenezcan a Álava. Nuestros vínculos sociales, económicos y culturales están en Álava. Siempre hemos denunciado que nos sentimos ciudadanos de segunda y sería un despropósito agravar nuestra situación de desigualdad incluyendo Treviño en Burgos durante esta fase de desconfinamiento", subraya el alcalde de La Puebla de Arganzón, Pablo Ortiz de Latierro.

Imagen del municipo del Condado de Treviño.

“Esperemos que esto no sea la punta de lanza para colar la segregación de Treviño y que se ciña en exclusiva al ámbito de la crisis”, replica Suárez ante las pretensiones nacionalistas. Porque, al margen de los efectos prácticos que pueda conllevar para los habitantes del enclave, se trata de una medida que encierra un evidente significado político, del que va a tratar de aprovecharse a nivel electoral el PNV, que también ha arrancado a Sánchez el compromiso de celebrar las elecciones autonómicas en julio, en contra del criterio de la oposición. La formación 'jeltzale' busca por todos los medios que la cita electoral tenga lugar antes del verano y, para ello, se ha asegurado el respaldo del Gobierno central, a no ser que la evolución de la pandemia vuelva a devolver al congelador los comicios previstos para el 5 de abril.

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JOSE MARI ALONSO. VITORIA

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La exigencia de que Treviño acometa las diferentes fases de la desescalada de la mano de Álava se planteó a nivel institucional el lunes, con una acción conjunta de la Diputación alavesa y los dos ayuntamientos del enclave, que remitieron una carta al Ministerio de Sanidad y a los delegados del Gobierno en el País Vasco y Castilla y León, en la que trasladaban su “preocupación” por el plan de desescalada por provincias diseñado por el Ejecutivo de Sánchez. Según alertaron, este criterio “deja en el límite a los habitantes del enclave, que tradicionalmente hacen su actividad vital en y con los territorios alaveses próximos, y en particular en Vitoria, simplemente por una mera aplicación de la proximidad geográfica de la capital alavesa con los núcleos habitados del enclave”.

"Lo importante en esta situación de pandemia deben ser los treviñeses y sus necesidades en la vida cotidiana. Una reflexión en la que estoy segura estamos de acuerdo el delegado del Gobierno en el País Vasco y yo", asevera la primera teniente del diputado general de Álava, Pilar García de Salazar, que advierte de que la prestación de los servicios sociosanitarios, de dependencia o emergencias que se recoge en el acuerdo marco entre las diputaciones de Burgos y Álava es "fundamental, sobre todo, en estos momentos de emergencia sanitaria por los que estamos atravesando". Estos convenios que atañen a los habitantes del enclave podrían no prestarse ahora en una aplicación rigurosa del estado de alarma, al igual que tampoco podrían ser asistidos en el Hospital comarcal de Miranda de Ebro (Burgos) los habitantes de algunos núcleos alaveses próximos a esta localidad en virtud de los diferentes acuerdos suscritos.

Estos acuerdos, como reseña Suárez, están bien definidos, pero no así el pacto alcanzado por Sánchez con el PNV para permitir a Treviño seguir la desescalada alavesa. “Está claro que hay algo más”, remarca, amparado en la trayectoria de la formación nacionalista, que "seguro va a poner toda la carne en el asador" para lograr esta histórica reivindicación, valiéndose de su fuerza en Madrid en el actual tablero político. En la Diputación de Burgos, existe el temor de que se haya podido acordar en la sombra algún mecanismo, caso de una comisión en el Congreso u otra fórmula, para activar este proceso de independencia de Treviño para sumarse al País Vasco, cuestión que goza del respaldo político unánime en Álava. “Ya veremos qué pasa luego”, afirma, para advertir de que está abocado al fracaso cualquier intento de anexión del enclave al País Vasco que trate de saltarse a Castilla y León.

En la Junta Provincial, el pronunciamiento es crítico también con el fondo del acuerdo para que Treviño asuma la desescalada alavesa. Su portavoz y vicepresidente, Francisco Igea, ha replicado que “a todos debería” preocuparles la salud de los habitantes del enclave burgalés, para poner de relieve que las tasas de letalidad del coronavirus en la provincia vasca son “el doble” que en Burgos. También la consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, ha evidenciado su malestar por una decisión "política" que afecta a la comunidad castellana. "El tema me parece grave y complicado. No nos parece razonable que en una crisis sanitaria como esta, de grandísima envergadura, se utilicen criterios políticos. En una crisis sanitaria, los criterios son los sanitarios", ha replicado.

El Confidencial

HISTORIA

Por qué Castilla-La Mancha tiene un guion en su nombre y Castilla y León no

La comunidad celebra este 31 de mayo su día, que conmemora el aniversario de la constitución de las Cortes Regionales

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Brenda Valverde 31 MAY 2020 - 11:15 CEST

En España tenemos 17 comunidades autónomas y solo una lleva un guion en su nombre: Castilla-La Mancha, que este 31 de mayo celebra su día grande. Aunque ahora las regiones tienen una gran importancia administrativa y política, no siempre fue así, hasta la llegada de la democracia el poder se concentraba en las provincias y en sus diputaciones. Es la Constitución de 1978 la que regula cómo se van a crear las comunidades autónomas actuales. Dos de los nuevos territorios surgidos en ese momento fueron Castilla-La Mancha y Castilla y León, que aunque siguieron procesos muy parecidos en la agrupación de provincias, tienen algo distinto que llama la atención, su nombre. La comunidad castellanoleonesa tiene una “y” en él, mientras que Castilla-La Mancha cuenta con un guion. ¿De dónde viene esta diferencia?

“Al comenzar la Transición se forman las comunidades autónomas teniendo presente la historia, pero también las realidades administrativo-políticas nuevas. Con el nombre de Castilla y León se intenta sumar dos pasados históricos diferenciados, los reinos de Castilla y de León”, explica Isidro Sánchez, doctor en Historia y Geografía y colaborador honorífico de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). Tanto es así, sigue el profesor, que “hoy León sigue intentando caminar por su cuenta”, tal y como contamos en este artículo.

Hasta entonces y desde 1833, existían Castilla la Vieja y Castilla la Nueva. El primer territorio estaría formado por las provincias de Burgos, Valladolid, Palencia, Ávila, Segovia, Soria, Logroño y Santander; y el segundo por Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Madrid y Toledo. Con la llegada de la democracia La Rioja y Cantabria abandonaron Castilla la Vieja y la antigua región de León (con las provincias de León, Salamanca y Zamora) se incorporó a lo que hoy es Castilla y León. Madrid se descolgó de Castilla-La Mancha y Albacete, que había formado parte de Murcia, se unió a esta.

Así era la distribución desde 1833. Foto: Miguillen (Wikimedia Commos / Verne)

Para Sánchez la “y” de Castilla y León muestra separación, mientras que “el guion de Castilla-La Mancha trata de expresar relación entre conceptos o entidades históricas”. En la denominación de esta comunidad se intenta poner de manifiesto dos regionalismos históricos, el castellano y el manchego, que conviven en Castilla la Nueva, aunque el manchego adquiere mayor protagonismo con la anexión de Albacete. Jairo Javier García, profesor de Filología de la Universidad de Alcalá, explica a Verne que la diversa unión de los componentes de ambos corónimos –término que se aplica a los nombres de regiones o de territorios de cierta extensión– refleja bastante bien las dos realidades. “Mientras La Mancha es la región más distintiva de Castilla-La Mancha y por eso sirve para distinguir nominalmente a esta comunidad, unida al topónimo Castilla mediante guion, Castilla y León mantienen con la conjunción y un elemento de unión, pero también de diferenciación más acusado”, explica.

La primera vez que vemos atisbos de lo que hoy es la comunidad del Quijote es en la Declaración de Mota del Cuervo de 1976, en la que procuradores de las cinco provincias se reunieron movidos por la necesidad de posicionarse frente a las llamadas comunidades históricas. Para José Antonio Castellanos, profesor de Historia Contemporánea de la UCLM, la creación de Castilla-La Mancha es “artificial”: “Nunca en la historia había existido una entidad administrativa igual (sí parecida, como Castilla la Nueva), pero las cinco provincias nunca antes habían estado juntas conformando una entidad administrativa”.

En Castilla y León hay dos ámbitos diferenciados; pero en Castilla-La Mancha, no, cuenta Castellanos: “Todos las provincias castellanomanchegas históricamente se pueden asociar a Castilla, pero no todos los territorios de Castilla-La Mancha son manchegos. El caso más llamativo es Guadalajara, donde ningún enclave puede considerarse manchego”. Sobre por qué la región se llama así, el profesor explica que no hay una ley que establezca la denominación, sino que fue el uso y la costumbre de ver el guion lo que llevó a que se siguiera escribiendo de este modo.

En este mapa de comarcas de Castilla-La Mancha de Eugenio Higueras se ve por dónde se extiende La Mancha.

Cuando se formaron las preautonomías, en 1978, a lo que hoy es Castilla-La Mancha se le llamó en real decreto "región castellano-manchega". Ya entonces se instituyó como órgano de gobierno la Junta de Comunidades de la Región Castellano-Manchega. A día de hoy, esa alusión a comunidades en plural se mantiene con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. En esos años, según relata Castellanos, la prensa ya había adoptado el guion como parte del nombre. Es en el Estatuto de Autonomía de 1982 cuando la región pasa a llamarse como hoy la conocemos.

¿Y los gentilicios?

Para referirnos a los habitantes de Castilla-La Mancha no siempre se puede decir únicamente castellanos o manchegos, como explica Fundéu, ya que dependerá de donde sean. Lo correcto, sin duda, es decir castellanomanchegos. También castellanoleoneses. Sin guion. Aunque hasta hace seis años la RAE sí contemplaba en el caso de Castilla-La Mancha las dos posibilidades, con guion y sin él, en el diccionario de 2014 ya no incluía castellano-manchego.

El motivo del cambio es que en la Ortografía de la Lengua Española de 2010 se establecía que solo llevarían guion los gentilicios que reflejan la unión de dos entidades geográficas diferentes, por ejemplo, película franco-alemana. En este sentido, la RAE considera a Castilla-La Mancha un único territorio autónomo, por eso en el Diccionario de la Real Academia el guion del gentilicio ha desaparecido.

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El Pais 09-05-2020

EL MUNICIPIO AUTÁRQUICO (Juan Vazquez de Mella)

EL MUNICIPIO AUTÁRQUICO

Yo soy partidario de una reivindicación municipal, que empiece por considerar al municipio, no como una creación legal, no como una creación artificiosa de poder ejecutivo, dividido, según todos los tratadistas de la centralización y según las leyes que padecemos, en tres partes: una, la administración general; otra, la administración provincial, y la otra, la administración municipal. No, yo reconozco que el Municipio es el primer grado de lo que llamo soberanía social; es la primera escuela de la ciudadanía que nace espontáneamente de la congregación de familias que sienten necesidades múltiples y comunes, que ellas no pueden satisfacer aisladamente y que les obliga a juntarse y producir una representación común, que es sociedad natural.

El municipio es la Universidad de la ciudadanía, en aquel punto en que termina la vida doméstica interior de la familia y el hombre se lanza, por decirlo así, a la vida pública. De ahí la necesidad extraordinaria de su emancipación; de ahí al necesidad de acabar con el régimen oprobioso, tiránico y centralizador que padecemos. Hoy no existe autonomía en el Municipio; el Municipio no es más que una creación legal, no es más que una sección, una parte del Poder ejecutivo en funciones.

Cuando un Municipio trata de unirse a otro o de segregarse, no le basta la voluntad de los vecinos, es necesario que el Poder central la ratifique; cuando se trata de funcionar, el alcalde tiene dos delegaciones: una, la delegación política, en que se hace dependiente inmediato del Gobernador, que a su vez es amovible y responsable ante el señor Ministro de la Gobernación; y otra, la delegación administrativa, que queda absorbida por la delegación política. La centralización se completa con el nombramiento de los alcaldes de Real Orden, ese escándalo de los concejales y alcaldes interinos que vienen a destruir arbitrariamente la obra de los propietarios, y hasta el nombramiento de aquellos funcionarios técnicos asalariados por el municipio, y que él sólo no puede establecer sin la aquiescencia de sus superiores jerárquicos; no hay autonomía en el presupuesto municipal, porque depende, o de la Diputación o del Gobernador; y todo se cercena, y el ayuntamiento se convierte en una rueda administrativa. Si la comisión provincial, formada de acuerdo con los caciques, llega a ser lo suficientemente poderosa, por motivos y pretextos que todos conocemos y que se filtran a través de los artículos de la Ley municipal, las elecciones se anulan y los Ayuntamientos en forma interina, se establecen, y entonces el cacique cuenta con todos los medios para oprimir a los electores, para vejarles y para falsificar la verdadera voluntad electora.

Yo en este punto soy partidario de que el Ayuntamiento y el Municipio sean, no una creación arbitraria de la ley, sino el reconocimiento de una personalidad natural, formada por la agrupación de familias para defender sus mutuos intereses; que no exista la doble representación, y que si existe, mientras no se paren, pueda fijarse en caso de conflicto, la política, hasta en el juez Municipal, pero que no se desposea al alcalde de aquella propia representación que tiene como Delegado del Municipio; quiero que exista la representación permanente y la representación variable; quiero que tenga el Municipio el derecho a formar libremente hermandad con los demás municipios; quiero que se arregle y se establezca la verdadera Hacienda Municipal, no con ese indigno y ridículo prorrateo entre el Estado y el Municipio, en que se merman mutuamente unos mismos tributos, sino que cobre la Hacienda municipal lo que resta de los bienes comunales y los de propios, y, reintegrándole de las enormes cantidades que le detenta el Estado (más de 300 millones), recobre el Municipio sus facultades y se establezca de una vez la órbita en donde los tributos municipales se recauden, sin tener la intromisión vergonzosa del Estado que los limita y los cercena: quiero que el Municipio, en toda la esfera administrativa, sea absolutamente independiente que sobre él no se levanten más que superiores jerárquicos en su aspecto externo, pero que no toquen a su vida interna.

Cuando esto suceda, cuando teniendo en cuenta, por un lado, la tradición nacional, y, por otro, se resientan las necesidades grandes, después que la Revolución haya dejado pasar su rasero sobre todos los organismos administrativos y locales desde hace un siglo, se podrán establecer los cimientos de una verdadera organización regional: mientras esto no suceda, en vano será otorgar mancomunidades ni delegaciones, porque únicamente sobre los Municipios libres se podrán establecer las regiones autónomas e independientes dentro de su propia esfera.

Juan Vázquez de Mella, Discurso en el Congreso, 30 de junio de 1916.

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La España vacía y la corresponsabilidad fiscal (Jesús Fuentetaja)

LLa España vacía y la corresponsabilidad fiscal

Jesús Fuentetaja – El Adelantado de Segovia -- 5 septiembre, 2019.


El pasado mes de agosto tuve la oportunidad de participar en dos eventos distintos pero con un mismo objetivo, el de reflexionar sobre el estado actual de la enfermedad conocida como la España Vacía, que hace unos años acertó a diagnosticar el escritor Sergio del Molino, en un ensayo histórico con la apariencia de libro de viajes y que, con ese afortunado título, tuvo la virtud de situarnos ante el espejo de una realidad, la que nos aparece con síntomas de metástasis demográfica, causada por la galopante despoblación de nuestros pueblos. Lo pude comprobar personalmente a primeros de dicho mes en las cercanías de Tiermes, con los páramos de Soria en el horizonte: “¡O fronteriza entre la tierra y la luna!” que ya advirtiera el propio Antonio Machado. Fue con ocasión del homenaje que el Centro de Estudios Castellano rindió en aquellos entrañables parajes a los precursores del regionalismo de la vieja Castilla, los segovianos Luis Carretero y Nieva, su hijo Anselmo Carretero Jiménez y Manuel González Herrero. Y tuve ocasión de dar a conocer también mi humilde opinión sobre este tema, en la mesa de debate organizada en la localidad segoviana de Navas de San Antonio unos días después, auspiciada por David San Juan, incansable animador de actividades culturales y de apostolado, con el que comparto una sincera amistad.

En ambas reuniones se coincidía en el diagnóstico de la situación actual, atribuida a dos fuerzas que en física resultan contradictorias al mismo tiempo que complementarias. Una es la centrípeta que ha llevado a la población a concentrarse en torno a los núcleos urbanos más cercanos, en busca de una mejor calidad de vida y de los servicios que se carecen en el medio rural, y que tiene a Madrid como el epicentro principal de todo este movimiento; junto a otra fuerza centrífuga que ha llevado a superpoblar la periferia del país. Y entre Madrid y la periferia se ha originado una gran extensión territorial afectada por esta lacra, con grave riesgo de pervivencia por inanición demográfica. Esta es la cruda realidad a la que nos enfrentamos y cada vez resulta más imprescindible el esfuerzo conjunto de todas las administraciones públicas en la búsqueda de soluciones para atajar este endémico mal.

Una de las ideas que primero afloraron en ambas jornadas, fue la necesidad de acudir a medidas incentivadoras fiscales, tanto para los que se resistan a abandonar el medio rural, como a los que decidan acudir a repoblar los pueblos; y es aquí, donde vendríamos a chocar con la segunda parte del título de este artículo: con la corresponsabilidad fiscal de las comunidades autónomas, que básicamente consiste en el propósito extendido desde la creación de la España de las autonomías para que éstas lleguen a cubrir la mayor parte de sus necesidades de gastos con recursos de gestión propia ¿Y cómo sería posible arbitrar un sistema de beneficios fiscales para incentivar la repoblación del medio rural en todo el Estado, que fuera compatible con el desarrollo del citado principio de corresponsabilidad fiscal? ¿Serían capaces de ponerse de acuerdo todas las comunidades autónomas para concertar el imprescindible pacto de Estado que sería necesario poner en práctica, para poder implantar políticas fiscales homogéneas que sirvieran de acicate a la futura repoblación de los territorios ahora abandonados?

Aquí topamos posiblemente con la madre del cordero. Ya venimos observando, no sin cierta inquietud, la subasta de impuestos a la baja que con fines no exentos de demagogia electoral, vienen aplicando los gobiernos autonómicos en sus respectivos territorios, ajustando a sus necesidades los tipos impositivos autonómicos y los beneficios fiscales aplicables tanto a los tributos de gestión estatal, como puede ser el IRPF, como en los cedidos por el Estado: sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos; Sucesiones y Donaciones, etc. Aquí es donde se manifiesta en todo su acomodo la corresponsabilidad fiscal autonómica a la que nos venimos refiriendo, que llevada a su máxima expresión entraría en colisión con el principio constitucional de solidaridad entre todos los españoles recogido, entre otros, en el artículo 156 y muy especialmente en el 158, en donde se preveía la creación de un Fondo de Compensación que corrigiera desequilibrios económicos interterritoriales, como garante de la expresada solidaridad.

Tomemos como ejemplo, al País Vasco, en donde aparte del régimen foral especial del que disfrutan, dispone de un reducido territorio superpoblado; mientras Castilla y León, se extiende en una enorme superficie con escasa población. En el reparto por contribuyente del gasto en infraestructuras, comunicaciones, transportes y servicios territoriales, tocan a menos los que residan allí que los que pueblan la meseta septentrional, y por lo tanto, aquellos pueden permitirse el lujo de reducir la presión fiscal de sus moradores, que simultáneamente produce un efecto llamada para poder ampliar su población. Lo mismo podría decirse de la más cercana para los segovianos comunidad de Madrid. Es decir, a mayor población, menor presión fiscal y a la inversa, a menor población mayor carga tributaria. Esto sería lo primero que debería atajarse.

Dejando de lado que no todos los españoles somos iguales ante idénticas situaciones impositivas, en razón de donde hayamos decidido fijar nuestra residencia, resulta evidente que el nivel de corresponsabilidad fiscal autonómica actualmente alcanzado, deviene incompatible con el aludido principio de solidaridad interterritorial e impide que pudieran aplicarse por igual en todo el Estado, las políticas generales que permitieran establecer incentivos y beneficios impositivos en los territorios castigados por el cáncer de la despoblación. Si se quieren utilizar medidas fiscales como medios terapéuticos contra este mal, sería necesario consensuar antes ese gran pacto de Estado entre todas las administraciones públicas, que permitiera reajustar el sistema impositivo vigente. En última instancia y si ello no fuera posible, no debería olvidarse, que la potestad originaria para establecer tributos viene atribuida en el artículo 133 de la Constitución, exclusivamente al Estado, mediante Ley; y que las Comunidades Autónomas, tienen tan solo una potestad derivada. Por lo tanto, serían las Cortes Generales las que tendrían la última palabra, en el caso que se considerara necesario armonizar y modular todo el sistema tributario en su conjunto, para implantar medidas fiscales que vinieran a incentivar la repoblación del medio rural en todo el territorio español.