En los inicios del ente pre-autonómico pre-engendrico de Castilla y León se
se ubicaron las instituciones de la comunidad en Burgos, donde residían los dos
primeros presidentes del Consejo General de Castilla y León. Probablemente se
trataba de un burdo intento para atraer a esta comunidad a las provincias
Logroño y Santander que finalmente no se incorporaron (como podemos ver
comparando con Burgos para bien de ellos)
Sin embargo, Demetrio Madrid en junio de 1981 acuerda la designación de la
villa de Tordesillas, a 30 km. de Valladolid, como sede de las instituciones
autonómicas. Fue por tanto el socialista Demetrio Madrid el primero que dio una
estocada a nuestra provincia.
La protesta burgalesa, con manifestación incluida, fue encabezada por la
Junta Pro Burgos Cabeza de Castilla, que no se limita a reivindicar la
capitalidad de Burgos sino que también se posiciona contra la separación de
Santander (la
montaña de Burgos), Logroño, Segovia —que en estos
momentos aún no había sido integrada—, y contra la integración en Álava de
Treviño y La Puebla de Arganzón. La lucha de la Junta Pro Burgos contra la
“decapitación de Castilla” fue secundada por el Ayuntamiento de Burgos, los
Colegios de Abogados y Procuradores de Burgos, por el Colegio Notarial de
Burgos, La Cámara de Comercio e Industria, el Círculo Católico de Obreros, los
Amigos de la Universidad, el Colegio de Médicos, el Colegio de Veterinarios, el
Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, etc
La provincia proponía una Autonomía para Castilla La Vieja, con la exclusión
de Valladolid, León, Zamora y Salamanca, pero “de no lograrse esta fórmula se
proponía alternativamente una autonomía provincial En ese momento se esgrimió
que “ningún grupo tiene competencia para cambiar la Cabeza de Castilla.”
Solicitándose asimismo un referéndum.
En ese momento se despreció el deseo de la sociedad burgalesa y se nos
incluyó en una autonomía en la que no queríamos pertenecer en un puesto de
vasallaje a Valladolid que todo el mundo vislumbraba y temía.
En 1987, con José María Aznar de presidente de la Junta de Castilla y León,
se decide que Valladolid sea la sede de Junta y Cortes, y Burgos la del
Tribunal
Superior de Justicia. De los procuradores burgaleses sólo dos: José María
Arribas y Tomás Cortés no votaron a favor.
Ahora estamos viviendo otro capítulo en esta historia negra que es la
pertenencia a esta autonomía impuesta. La promueve un burgalés que cuenta como
carta de presentación el presidir un gobierno desde el que se tacha de
‘provincianos’ a los burgaleses. En este capítulo apelando a la comunidad ‘que
tanto ha respetado’ los deseos de los burgaleses vamos a regalar una caja de
ahorros. Pasaremos de ser la segunda provincia de España en inversión en obra
social por habitante al ostracismo habitual que nos somete el gobierno de una
comunidad a la que siempre nos opusimos. Nuestro dinero pasará de financiar
empresas y obras en nuestra provincia a financiarlas en otras que prefieren
tener su dinero en bancos o cajas no autonómicas. Los licenciados que ocuparán
buenos puestos no serán los nuestros.
Es bueno para la comunidad, nos repiten ‘los que tanto quieren a Burgos’ y
cuando algo es bueno para la comunidad ya sabemos para quien es malo.
Oscar Ruiz