LA CUESTION DE LAS AUTONOMIAS. LOS CASOS DE CANTABRIA, LA RIOJA Y SEGOVIA

El irreflexivo y torpe planteamiento gubernamental de las autonomías del País Leonés, de Castilla y del País Toledano (regiones provenientes de los antiguos reinos de León, Castilla y Toledo) ha producido, según hemos visto, muchas y muy graves anomalías y contradicciones. Ante todo, es de notar que mientras, por un lado, se borra del mapa español a Castilla y se crean dos entes preautonómicos mixtos con el nombre castellano por delante (Castilla-León y CastillaLa Mancha), quedan, por otra parte, fuera de esta denominación tres provincias de radical castellana que, por no perder su propia identidad, se han negado a ingresar en el híbrido conjunto castellano-leonés: Santander, Logroño y Segovia.

No son insolidarias tendencias secesionistas, como a veces se dice, lo que mueve a estas tres castellanísimas comarcas de vieja y muy arraigada tradición a no ingresar en el heterogéneo conglomerado de Castilla-León, sino una vigorosa reacción defensiva ante el peligro de su forzada inclusión en una entidad geopolítica a la que se sienten ajenas y donde su personalidad se desvanecería en aras de un nuevo unitarismo centralista que se barrunta más intenso y omnipresente que el ayer impuesto por el Gobierno central.

La provincia de Santander -con el nombre de Cantabria- y la de Logroño -con el de la Rioja- han tramitado sus respectivas autonomías por considerar que cada una tiene personalidad (histórica, geográfica y cultural) muy distinta de la que confusamente presenta el invento de Castilla-León, cuyo nombre las ha llevado a este desorientador razonamiento: si «eso» es Castilla, claro está que nosotras no somos castellanas. Y así, aceptada la errónea premisa de la castellanidad del conglomerado castellanoleonés, Cantabria y la Rioja demandan sus correspondientes autonomías como singulares regiones uniprovinciales, dejando por su parte el monopolio de lo «castellano» a las dos nuevas y heterogéneas entidades castellano-leonesa y castellano-manchega.

EL «PEQUEÑO RINCON»

Castilla nace en el «pequeño rincón» situado entre el alto Ebro y el mar Cantábrico, donde varios pueblos vascocántabros, que antes habían luchado contra romanos y visigodos, rechazan a los musulmanes al mismo tiempo que mantienen su independencia frente al reino neogótico de León. Aquí, sobre un sustrato lingüístico eusquérico, nació también el romance castellano, que se habló -y escribió - en la Rioja y Alava antes que en las tierras castellanas del alto Duero, y mucho antes de llegar a la planicie de Valladolid y Palencia, de donde hubo de desplazar al bable propio de la región. La Montaña santanderina es, pues, la comarca más castellana de España.

Una Castilla sin la antigua «Montaña Baja de Burgos» sería tanto o más inconcebible que una Cataluña sin la Cerdaña y Pallars, o que un Aragón sin los Pirineos de Huesca. Y al contrario: cualquier región que incluya la provincia de Santander debe llevar como atributo consustancial el nombre castellano. Tampoco es imaginable una Castilla sin la Rioja; tierra de conjunción histórico-geográfica de cántabros, vascos y celtíberos, las tres estirpes de la España prerromana que, en mayor o menor proporción, constituyen el primitivo sustrato étnico de los pueblos castellanos, y patria de los más viejos símbolos y las más auténticas creaciones de la cultura castellana: San Millán de la Cogolla, patrón de Castilla; las Glosas emilianenses, primeras líneas escritas en romance castellano; Gonzalo de Berceo, primer poeta de nombre conocido de la literatura castellana; Santo Domingo de Silos, la figura más destacada de la cultura medieval de Castilla; el Fuero de Nájera...

Si Cantabria y la Rioja rechazan el complejo castellanoleonés por defender la propia autonomía, el caso de Segovia presenta, además y en primer lugar, un valor de afirmación castellana. La provincia de Segovia rechazó, por abrumadora mayoría de sus municipios, la incorporación al artificioso ente castellano-leonés porque los segovianos vieron en él un peligro para el porvenir regional de la verdadera Castilla, de la cual Segovia se siente parte intrínseca. La ciudad de Segovia, las «tierras» de su provincia se oponen a los confusos conglomerados de Castilla-León y Castilla-La Mancha porque propugnan la autonomía de una Castilla netamente castellana, con lo cual defienden a la vez, indirectamente, las autonomías del País Leonés y el País Toledano propiamente dichos.
Segovia ha propugnado, en primer lugar, la autonomía de Castilla, y sólo cuando la decisión gubernamental niega de hecho la posibilidad de una Castilla autónoma, Segovia, ante el dilema de la incorporación forzosa al ente preautonómico castellano-leonés o la autonomía uniprovincial que la Constitución ofrece, recurre a esta última.


EL CASO DE SEGOVIA

De la maraña autonómica en tomo a Castilla en que con increíble ligereza nos metieron en mala hora algunos políticos y cierta clase intelectual ducha en el uso del mimetismo y la demagogia, y del caso singular de la autonomía de Segovia, se ha ocupado recientemente en estas mismas columnas Pedro Altares, en un artículo rebosante de inteligencia, de noble sensibilidad y de respeto por el pueblo segoviano que hoy está dando una lección de cordura, firmeza y dignidad a quienes, en teoría, deberían ser sus informadores y guías en estas difíciles cuestiones. Artículo que merece ser releído con atención.

El caso de Segovia pone dolorosamente de manifiesto algunos de los gravísimos peligros que indefectiblemente acompañan a «procesos tan delicados -y a veces sumamente complejos- como los autonómicos»: las precipitaciones y la demagogia, sobre los cuales llamó reiteradamente la atención -en los años 1978 a 1980- el secretario general del PSOE con advertencias no escuchadas ni siquiera en las filas del propio partido.

Lamentable resulta -al decir de diarios y revistas - observar la pobre conciencia política que, en general, manifiestan los españoles en una etapa de la historia nacional de tan gran trascendencia como la que hoy atraviesa España. La decepción, el pesimismo, la apatía y el desinterés por el bien común dominan por doquier a donde el observador dirija la mirada. Prueba espectacular de ello dio en diciembre un acontecimiento de tanta significación política como el referéndum sobre la autonomía de Galicia, aprobada sólo por un 19% del electorado, con el agravante de que la proporción de «noes» llegó al 80%, lo que sociológicamente -comentan las mismas fuentes informativas - expresa un altísimo grado de escepticismo y displicencia populares. Y es importante no olvidar que tan pobres resultados en pro del estatuto gallego fueron obtenidos con todo el apoyo de la propaganda desarrollada tanto por el Gobierno como por los principales partidos políticos.
Pero -y esto parece más alarmante- cuando la provincia de Segovia, consciente de su castellanía y de los derechos que la Constitución le reconoce para la defensa de su identidad, se opone -por abrumadora mayoría de los ayuntamientos y de la Diputación Provincial, de la opinión publica y de los grupos intelectuales más conscientes y conocedores del país- a formar parte de una heterogéneo entidad castellano-leonesa de reciente y arbitraria invención, dando muestra de mejor conocimiento del problema que el Gobierno y los dirigentes políticos, de viva conciencia ciudadana y de lealtad a la patria chica, entonces.. el Gobierno y los dirigentes políticos se disgustan, y en vez' de apoyar. la en sus derechos y legítimas aspiraciones a un estatuto de autonomía análogo a los de Cantabria o la Rioja, reaccionan negativamente pretendiendo forzar su incorporación a ese híbrido ente regional que el pueblo rechaza.

En estos momentos el Gobierno y la dirección central de la UCD están empeñados en meter a toda costa la provincia de Segovia en el saco autonómico castellano-leonés contra la voluntad de los segovianos, retorciendo incluso el espíritu de la Constitución para negar derechos y aspiraciones colectivas que ella misma protege.


LOS COMPLEJOS «ENTES PREAUTONOMICOS»

Se acusa a los segovianos de fomentar el cantonalismo, lo que -ya lo hemos visto- es absolutamente falso, y de dejarse manipular por caciques locales, porque entre los muchos ciudadanos que en Segovia propugnan la autonomía de Castilla propiamente dicha -y dentro de ella el respeto a la personalidad de su provincia- figuran la mayor parte de los Parlamentario segovianos de la UCD, bien sea por su cariño a la tierra, -que en principio no hay razones para negar-, bien porque han encontrado en este asunto una bella bandera que enarbolar.

Martín Villa, que el año pasado ultimó el ingreso de la provincia de León, hasta entonces defensora de la autonomía regional leonesa, en el discutido ente preautonómico castellano-leonés -lo que provocó una espontánea manifestaci6n de protesta de miles de leoneses-, no parece dispuesto a aceptar la «rebeldía» de Segovia. En cuanto a los dirigentes de los partidos políticos de la oposición que hasta ahora, con más o menos agrado, han apoyado la política autonómica castellano-leonesa, convendría recordarles las prudentes y oportunas advertencias de Felipe González sobre los peligros de proceder a la ligera en asuntos tan graves y de tan delicada naturaleza como las autonomías regionales.

El mayor y más inminente peligro que hoy amenaza a Castilla como pueblo con personalidad propia en el conjunto nacional de España está, sin duda, en los complejos entes preautonómicos de Castilla-León y Castilla-La Mancha. La consolidación de estas confusas nuevas regiones implicaría, con el tiempo, la pérdida de la propia condición de las provincias castellanas en ellas integradas, ante el predominio demográfico, económico y político de los territorios leoneses y toledano-manchegos, respectivamente. Y, al contrario: la persistencia de Cantabria, la Rioja y Segovia como entidades con autonomía uniprovincial, haría de ellas -consciente o inconscientemente- reservas y baluartes castellanos necesarios para emprender, en momento y condiciones oportunas, el rescate conjunto de una nueva y verdadera Castilla, sin la cual no es concebible un auténtico y cabal todo español.

ANSELMO CARRETERO
«El País», 18 septiembre 1981