Las Merindades y las Comunidades de Villa y Tierra pervivieron, como estructura socio-política y administrativa hasta la moderna división provincial de 1833.
Lo malo de la reforma de 1833 es que prescindió totalmente de la historia y tuvo su particular visión de la geografía, La reforma de 1833 varía profundamente la organización territorial de la España tradicional. En razón de favorecer la instrumentalización centralista, y al servicio de este objetivo, por preocupaciones pragmáticas de unificar en lo posible las provincias en extensión y población, rectificar límites, suprimir trazados sinuosos y eliminar enclaves, dibuja sobre el mapa nacional unas líneas divisorias provinciales en gran parte arbitrarias, sin respaldo alguno histórico ni geopolítico, que muchas veces separan, a uno y otro lado de la raya, poblaciones que desde hacia muchos siglos habían estado y vivido unidas en las mismas Comunidades de Villa o Ciudad y Tierra.
Lo peor, pues, fue que se suprimió lo que quedaba de algunas instituciones, sobre todo las Comunidades de Villa y Tierra, que debieron subsistir, como entidades intermedias entre la provincia y el municipio y forma de protagonismo y participación popular. Se acabó, así, con la poca autonomía comarcal y local, quedando las provincias como parcelas controladas y al servicio del centralismo, preparando el camino a la desamortización a favor de la burguesía y el caciquismo, rotos los lazos comunitarios y abandonadas las aldeas a su propia suerte.
Al quedar desprovistas de su genuino carácter de instituciones territoriales de derecho público y político de Castilla, las viejas comunidades dejaron realmente de ser. Consiguientemente, las extensas y ricas propiedades comuneras, por las voraces vías de la intrusión privada y de la desamortización liberal, se transfirieron en su mayor parte a la propiedad particular de los sectores sociales más poderosos; lo que acarreó, inexorablemente, el empobrecimiento y ruina general de los pueblos y una gran atonía colectiva en la vida rural. Sólo algunas Comunidades lograron mantener algo de su patrimonio económico.
Las Comunidades debieron ser respetadas en su territorio, jurisdicción y patrimonio. Toda reforma pública ha de cimentarse en un presupuesto, tan necesario como generalmente incumplido: el conocimiento completo de lo que se quiere reformar y la participación de quienes van a sufrir o gozar sus consecuencias de forma más directa.
Inocente García de Andrés
Socio fundador de tierra CASTELLANA
Miembro fundador de Comunidad Castellana.
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