Autonomías a la fuga
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Autonomías a la fuga: a propósito de lo de León
En el inicio del proceso de implantación del Estado de las Autonomías contenido en el Título VIII del texto constitucional, cobró fortuna el eslogan que definía a la percepción los principios inspiradores de su desarrollo. La fórmula de café para todos extendía la obligación de convertir, sin excepción alguna, el rico mosaico regional en territorios autonómicos y para aquellos que pretendieran salirse de la linde ya estaba ahí el artículo 144 con el cierre del sistema. A nadie se le escapa que la principal justificación de este modelo fue la de intentar diluir las reivindicaciones de las llamadas nacionalidades históricas, en el puzle conjunto de la nueva ordenación territorial del Estado.
Transcurridas más de cuatro décadas venimos observando no sin preocupación, que aquella fórmula plagada de buenas intenciones y zurcida a toda la prisa por la necesidad de cerrar el mapa autonómico impuesta por el intento de golpe de estado del 23F, dejó alguna costura sin cerrar que luego empezaría a deshilacharse. Los que reivindicaban con mayor virulencia su derecho a ser diferentes, pronto pudimos observar que no se conformaban con lo que habían conseguido, cuatro veces más que con lo que se hubieran contentado al principio de la transición. Porque no se han cansado de restregarnos por la cara, que no podemos ser todos iguales y como ya no tienen cabida sus exigencias en la Constitución, esta ya no les sirve y están llevando al límite al pusilánime gobierno de la nación, con sus presiones y chantajes para conseguir la ansiada finalidad de ser diferentes a los demás, como paso previo a justificar su independencia de un Estado que ya no precisan.
Tampoco pudo evitarse en aquellos inicios, que surgiera algún imprevisto con el que no se contaba, como fueron los casos excepcionales de las provincias de Segovia y de Almería. Una y otra no se plegaron a lo que de ellas se esperaba y forzaron dos medidas legislativas “ad hoc” para reconducirlas por el carril autonómico del que nunca debían haberse apartado. La historia de lo que sucedió en Segovia, ya debiera ser debidamente conocida por estos lares y no pretendo volver a marear a nadie con ella, para tranquilidad de mis detractores.
Algo similar sucedió también con la provincia de León, anestesiada entonces por el cloroformo institucional de Martín Villa, pero pasados aquellos efectos parece que ha vuelto ahora a despertar con una mayor virulencia. El acuerdo adoptado hace unos días por el pleno de la Diputación leonesa, no ha sido más que la crónica de una decisión anunciada. Porque nunca ha estado León cómoda formando comunidad con el resto de las provincias castellanas. Su incorporación al proceso autonómico iniciado el 26 de octubre de 1979 por el Consejo General de Castilla y León, fue forzada por la intervención ya aludida del leonés Rodolfo Martín Villa, a la sazón ministro en los gobiernos de UCD y principal responsable de que León entrara con fórceps en aquel proceso y casi ya con el control cerrado, puesto que la Diputación no adoptó el acuerdo de adhesión hasta unos pocos días antes a que concluyera el plazo de los seis meses previsto en el artículo 143. Conviene recordar a este respecto, que el régimen preautonómico y preconstitucional de Castilla y León, fue establecido por el Real Decreto Ley 20/1978, de 13 de junio de 1978, que incluía inicialmente en su ámbito territorial, a las once provincias que venían formando parte de las regiones de León y de Castilla la Vieja, esto es: León, Zamora, Salamanca, Valladolid, Palencia, Santander, Burgos Logroño, Soria, Segovia y Avila. Sin embargo, en el momento de configurarse el Consejo General previsto en aquella disposición y que fue llevado a cabo el día 22 de julio de 1978 en la localidad palentina de Monzón de Campos, ya no hacen acto de presencia los representantes de las provincias de Santander, Logroño y León, constituyéndose entonces, el órgano preautonómico con las ausencias de estas tres díscolas provincias que ya tenían pensados otros planes diferentes para sus respectivos territorios.
Que León no se ha sentido a gusto uniendo sus destinos a Castilla no es de ahora. Cuando con ocasión de proclamarse la I República en 1873, se trazaron las líneas de lo que sería la conversión del Estado unitario de los Borbones en otro de configuración federal, en agosto de ese mismo año los republicanos leoneses remitieron un escrito a las Cortes constituyentes en el que se oponían a la inclusión de la provincia en el Estatuto de Castilla la Vieja, cosa que parecía lógica puesto que ni siquiera se había respetado el nombre de León en el título de aquel proyecto, por otra parte abocado al fracaso. Más recientemente, hay otro intento de abandonar el barco autonómico que de mala gana compartía con Castilla, cual fue el acuerdo de la Diputación Leonesa del día 13 de enero de 1983, por el que se revocaba el inicial de integración en Castilla y León de 16 de abril de 1980. A este seguiría la multitudinaria manifestación del día 4 de mayo de 1984, a favor de la segregación de la provincia y puede que como medida de presión al Tribunal Constitucional, que tenía que resolver el recurso interpuesto por 53 senadores del Grupo Popular contra la Ley Orgánica 4/1983, de 25 de febrero, por la que fue aprobado el Estatuto de Castilla y León y en cuyo ámbito territorial figuraba incluida. Como ya es conocido, dicho recurso fue desestimado por la sentencia de 23 de septiembre de 1984.
Estos son, a grandes rasgos, los antecedentes históricos del reciente acuerdo de la Diputación de León, coyunturalmente adoptado en un tiempo turbio en donde la confusión se ha acabado por adueñar de toda actividad política, más pendientes de dirimir sus diferencias ideológicas y de mantenerse en las instituciones a viento y marea, que de solucionar los problemas diarios de los ciudadanos. En estas aguas revueltas son los pescadores más osados los que suelen obtener mayores beneficios y no es descabellado pensar que la cuestión leonesa se haya planteado en estos momentos jugando con esa posibilidad y contando con la utilización partidista que puedan ejercer cada fuerza política en su propio interés, más que en el fortalecimiento del Estado del que las Comunidades Autónomas, no olvidemos, son partes constituyentes.
Es difícil aventurar qué pueda pasar con esta reivindicación leonesa, porque aunque la iniciativa autonómica corresponde a los entes locales: diputaciones y ayuntamientos, son las Cortes Generales quienes tienen reservada la última palabra constitucional y con la actual composición de estas cualquier cosa podría ser ahora mismo posible; y aunque no consiguieran sus legítimas aspiraciones de lograr la segregación autonómica que pretenden, sí que podrían forzar una situación alternativa negociable, con un reparto de las cuotas de poder entre Valladolid y León. Si esta última circunstancia llegara a producirse, casi seguro que provocaría a su vez, una reacción identitaria y en cascada en las siete provincias restantes, lo que nos devolvería a la casilla de salida con la vieja pretensión de Segovia de formar una mancomunidad de provincias, ya intuida en las Bases firmadas en nuestra ciudad en 1919 y cuya negativa, fue el motivo principal para que Segovia decidiera no integrarse en un principio en Castilla y León, cuando en 1979 se inició aquel proceso autonómico. Estaremos expectantes.
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