ASOCIACIÓN SALMANTINA DE AGRICULTURA DE MONTAÑA
De Prado: “Si sigue adelante la Ley de Reforma Local los
pequeños ayuntamientos no servirán para nada”
SALAMANCA RTV AL DÍA
El gerente de ASAM muestra su preocupación por la gestión de
los servicios en las zonas rurales, que recaerá en grandes empresas privadas
Preocupación. El gerente de ASAM, la Asociación Salmantina
de Agricultura de Montaña, Ángel de Prado, espera que la Ley de Bases de
Régimen Local, recurrida por diferentes partidos, asociaciones y
organizaciones, no siga adelante. De lo contrario, explica “los ayuntamientos
pequeños no servirán para nada”. De Prado indica que esta ley no suprime
ayuntamientos, “pero sí competencias”, con lo que la gestión de los servicios
“recaerá en las grandes empresas, el mismo tema caciquil de toda la vida”,
lamenta. El responsable de ASAM insiste en que el actual modelo territorial con
comunidades autónomas y diputaciones “no tiene sentido”.
De Prado señala que en esta Ley hay un tema “fundamental”
relativo a la apropiación de terrenos comunales, de los que todavía quedan más
de cuatro millones de hectáreas en el ámbito nacional y más de 2,5 en Castilla
y León, principalmente en León, Burgos y Palencia. “Se podrán vender y con
ello, tapar déficits de grandes ayuntamientos, como el caso de la capital
burgalesa”.
Es uno de los puntos que más controversia y rechazo genera
de la Ley, la supresión de la personalidad jurídica de más de 3.750 entidades
locales -juntas vecinales, concejos, barrios, parroquias o pedanías- pueblos
que cuentan con recursos propios y potestad para administrarlos. De este modo,
quedarían agrupados en los ayuntamientos de los que dependen y la gestión de
sus bienes pasaría a ser administrada por esos ayuntamientos, diputaciones y
comunidades autónomas.
En la actualidad, los recursos naturales son propiedad de
sus vecinos que los gestionan y deciden cómo administrarlos. Actualmente, en
España hay 3.720 juntas vecinales que desaparecerán si la Ley actual se aplica
tal como está. Castilla y León, con 2.257 juntas vecinales, es la Comunidad
autónoma más afectada por la supresión de estos pequeños pueblos, que perderán
su autonomía y la gestión de un patrimonio de cientos de hectáreas de gran
riqueza ambiental y económica. De Prado afirma que buena parte de estos
terrenos son montes de utilidad pública, cuya propiedad es de los vecinos, que
tienen sus derechos. “El temor que tenemos es que al quitar las competencias a
los ayuntamientos, se queden en manos de diputaciones y comunidades” con lo que
“se encubre que se esquilma el territorio y la privatización de los servicios”.
La gran preocupación de asociaciones como ASAM es que estos
terrenos en zonas rurales podría venderse, por su interés, a grandes grupos
empresariales o fondos ‘buitre’ que los destinaría en un futuro a medio y largo
plazo a tierra de cultivo, biomasa, energía eólica, a suministro de agua –buena
parte de los terrenos están próximos a cabeceras donde hay agua-, áridos,
minería o ‘fracking’. Es decir, “se vendería recursos vitales”.
Para Ángel de Prado, ésta sería la última desamortización
que quedaría por hacer, “con la destrucción ambiental y el afán depredatorio”.
Con la ley recurrida, señala que la reforma local tendría que ser una
oportunidad para que la gente joven de las ciudades, sin trabajo, utilizara las
zonas comunales y viviera de ellas. Sin embargo, reconoce que ni la crisis ha
conseguido incentivar a los jóvenes hacia las zonas rurales. “Todavía es
inapreciable la llegada a los pueblos, todavía están en otra dinámica”. Apunta
que sería una buena oportunidad para ofrecer otra forma de vida en el medio
rural, un nuevo modelo con futuro, casi el único, teniendo en cuenta la crisis
mundial, no solo económica, también energética y de recursos. “Se puede generar
trabajo en común en los pequeños pueblos, producir de forma natural y más sana,
consumir utilizando menos energía y recursos”.
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